LA EXPULSION DE LUIS ALBERTO SALGADO DEL APRA

COMUNICADO DEL IDL ANTE DETENCION ARBITRARIA DE CARLOS RIVERA

EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE CARLOS RIVERA, ABOGADO DEL IDL, E INVESTIGACION Y SANCION DE LOS RESPONSABLES

El Instituto de Defensa Legal (IDL), se dirige a la opinión pública para poner en su conocimiento la arbitraria detención de Carlos Rivera Paz, abogado de nuestra institución, miembro de su Comité Directivo y responsable del equipo del Área Legal Penal.

Rivera ha sido detenido el día de hoy a las 7am, en Migraciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando retornaba al país luego de cumplir diversas actividades académicas. La orden de detención está expedida por el 40 Juzgado Penal de Lima, por supuesto delito de “uso de documento falso público”.

Nuestra institución cree que se trata de una represalia por las actividades que Carlos Rivera y el IDL vienen cumpliendo a favor de la democracia y los derechos humanos, de acuerdo a elementos como los siguientes:

El juez que ha dictado la orden de detención es Julio César Díaz Paz, juez suplente nombrado este año, por el actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega. Nuestras críticas y denuncias contra este magistrado han sido reiteradas y públicas: estuvimos en contra de un fallo que él suscribió en el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000, al punto que en un programa de televisión, Vega Vega y Carlos Rivera sostuvieron un fuerte intercambio de palabras.

Nuestra institución hizo pública su oposición a que fuera elegido, en diciembre pasado, como presidente de la Corte Superior de Lima. Recientemente, propalamos un video en que el referido magistrado aparece como uno de los invitados que asistieron al mitin por el cumpleaños del militante aprista Carlos Roca Cáceres, imágenes en las que se le aprecia en el estrado.

De otra parte, Carlos Rivera, ha sido uno de los abogados más activos de las víctimas en el proceso por el que el ex presidente Alberto Fujimori acaba de ser sentenciado a 25 años.

Rivera también ha defendido a Nolberto Durand Ugarte, uno de los desaparecidos en la matanza de El Frontón ocurrida en el primer gobierno de Alan García, penal en el que, ese momento, el actual vicepresidente Luis Giampietri , comandaba la Fuerza de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra del Perú. En este caso, el desempeño de Rivera fue determinante para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condene al Estado Peruano y ordene, entre otras cosas, la investigación judicial del caso, lo que hasta la fecha viene generando una serie de investigaciones y diligencias en las que Rivera sigue participando en calidad de abogado. Esto ha motivado que en reiteradas oportunidades, el actual vicepresidente Giampietri ataque verbalmente tanto a él como al IDL.

En la misma línea de interpretación, no creemos que sea coincidencia que Rivera haya sido detenido arbitrariamente, justo cuando esta semana tenía que participar en importantes audiencias y diligencias sobre otros 4 casos de violación de derechos humanos que también ocurrieron durante el primer gobierno de Alan García. Los casos son: 1. Caso Pucará (asesinato de 8 pobladores en 1989) / 2. Desaparición del teniente de reserva EP Marco Barrantes Torres en sótanos del SIE (en 1988) / 3. Desaparición forzada de dos estudiantes universitarios en Universidad del Centro, de Junín (1989- 1992)

Hay que tomar en cuenta también que el IDL, ha sido una de las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que, desde Bagua, ha exigido una investigación profunda e independiente de cómo se llevó a cabo el operativo policial de desalojo de la carretera Fernando Belaúnde, a fin de determinar las responsabilidades y sanciones de los crímenes cometidos contra miembros de la Policía Nacional, así como los que pudieron haberse perpetrado contra indígenas o la población de la zona. La delegación ha recogido testimonios que –si bien aún no están confirmados- dan cuenta insistentemente de un número mayor de muertos nativos



Al parecer, la orden de detención contra Carlos Rivera sería parte de un proceso iniciado el año pasado. Sin embargo, en ningún momento Rivera ha sido notificado ni citado a diligencia alguna.

Se trata de un abogado que trabaja en nuestra institución desde hace más de 20 años. Por eso, destacamos y defendemos su integridad, y estamos seguros que no ha incurrido en ningún delito.

Por lo demás, al tratarse su detención de un proceso por supuesto uso de documento falso público, bajo ningún supuesto procedería esta orden de detención, pues está claro que al ser él, uno de los más conocidos y reconocidos defensores de los derechos humanos en el país, que patrocina importantes casos, no tendría el más mínimo interés de escapar de la justicia. Es más, tratándose de un delito cuya pena oscilaría entre los 2 y 4 años, tampoco tiene sentido esta orden de detención.

Si bien se trata de una orden Judicial emitida por un juez que, en teoría debe ser independiente y actuar de acuerdo a ley, no sería el primer caso de posible injerencia política. Recordemos que hace unos días, el propio presidente del Poder Judicial hizo pública la presión de la que había sido objeto para que proceda con rapidez la orden de detención contra Alberto Pizango.

Recordemos también que nuestra institución ha sido materia de investigación en las comisiones de Inteligencia, y de Defensa y Orden Interno del Congreso, y en dos oportunidades por la APCI.

Por estas consideraciones, creemos que la detención del abogado Carlos Rivera tendría motivaciones políticas, constituyendo un acto ilegal y arbitrario. Exigimos su libertad inmediata. Demandamos que se realicen las investigaciones del caso, a fin de que pueda iniciarse contra los responsables las acciones disciplinarias y penales que correspondan.

Se trataría de una señal más del clima de intolerancia y autoritarismo que se viene consolidando en el país, contra todos los sectores independientes y críticos.

Hacemos, por tanto, un llamado a todas las persona e instituciones democráticas del país y de la comunidad internacional a usar todos los mecanismos que le ley prevé para oponerse a los abusos que desde el poder se cometen contra defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.